“Una ley
para ellos, otra para nosotros” En teoría, una persona rica se enfrenta a las
mismas consecuencias legales por robar una rebanada de pan o dormir bajo un
puente que una persona pobre. En la práctica no es exactamente de ese modo.
Esto no
debería sorprendernos en vista al origen de nuestro sistema legal. Los seres
humanos siempre han tenido instituciones para lidiar con los conflictos, pero
la jurisprudencia moderna está construida alrededor de la noción de propiedad
privada. La corte original fue la corte real, donde los terratenientes traían
sus disputas delante del rey, eventualmente se designaban jueces para tomar decisiones
en su lugar. En este sentido, el feudalismo esta todavía con nosotras, pues
heredamos su sistema legal y su concepto de propiedad junto con la mayoría de
sus leyes.
Nuestro
código legal actual todavía protege los derechos de propiedad sobre todo lo
demás: es legal echar a una familia de su casa, pero ilegal ocupar un edificio
vacío. Pero hoy los mecanismos de vigilancia
e imposición se extienden más profundamente que nunca dentro del terreno
social. El rey solo podía interceder en los asuntos de sus súbditos en casos
excepcionales, ahora, miles de personas y máquinas están dedicadas
incesantemente en monitorizar,
investigar, evaluar y penalizar.
En la cima
de este aparato están los tribunales de justicia. Los tribunales ejercen una
influencia tremenda en la sociedad, la mayor parte de la cual resulta
invisible. Podemos seguir con nuestra vida diaria sin tener que pisar una corte
de justicia, pero las decisiones de los jueces dan forma a los espacios en los
que vivimos y trabajamos, las tecnologías que usamos e incluso los ingredientes
de las comidas que comemos. Los
tribunales subsidian a las empresas imponiendo los costes de sus actividades al
público en general, librándolas de sus responsabilidades por sus daños y
peligros, justificándolo irónicamente sobre la base de su “utilidad” a la sociedad.
Los tribunales deciden políticas sociales, definiendo legitimidad y desviación.
Se nos dice que los jueces son neutrales e imparciales, pero todos ellos
pertenecen a la misma clase y lo que defienden está suficientemente claro.
En ningún
sitio las desigualdades de clase se ven tan claramente como en el sistema de
justicia que ellos supervisan. El
aparato que supuestamente tiene que garantizar la igualdad de derechos es tan
bizantino que solo una elite
especialmente entrenada tiene idea de cómo funciona, o el derecho de operar
dentro de él. Si tenemos que navegar por ese sistema, nuestra única esperanza
es alquilar a alguno de estos especialistas.
Si nos enfrentamos a un adversario que se puede permitir un abogado
mejor relacionado, como serian una corporación o el gobierno, preparémonos para
lo peor.
Aquellos demasiado pobres para permitirse asesoría legal,
seremos afortunados si se nos asignan abogados de oficio sobrecargados de
trabajo y pobremente equipados. Los acusados en esta situación tienen unas
altísimas tasas de culpabilidad y sentencias en contra, y de cualquier modo
cuando se nos encuentre culpables se nos cargara también con las costas.
En efecto,
esto significa que esta igualdad legal está disponible sobre la base euro a
euro. Para establecer la “igualdad ante la ley” de una manera que tuviera algún
sentido significativo, tendríamos que empezar librándonos de los abogados
privados. Pero podría ser más fácil
abolir el capitalismo de todas todas que hacer una reforma de este tipo cuando
los abogados tienen tal candidata de influencia.
Los jueces y
los abogados no son los únicos que se benefician de esta industria de la
justicia. En el caso inusual de que un
rico sea detenido, puede poner parte de su riqueza como garantía y recuperarla
al finalizar el juicio. La gente pobre no puede permitirse las fianzas, así
pues, deben ponerse en manos de usureros para no recuperar ese dinero luego,
así los ricos escapan libres incluso cuando se dedican a acumular riqueza a
costa de los pobres, como es habitual. Esta política también presiona a los
pobres que no pueden permitirse la fianza a aceptar los tratos con la fiscalía
antes que seguir languideciendo en la cárcel.
Verdaderamente
el sistema actual de justicia depende de que la mayoría de los acusados no
tengan medios para defenderse, no se podría conseguir un juicio justo para cada
uno de los que son acusados de un crimen. Los pobres son presionados a cada
paso del camino para que acepten las sentencias lo antes posible. Detrás del
telón, hay pocas pretensiones de que los tribunales sean imparciales. En este
sentido, la encarcelación, el tercer grado,
la libertad condicional, las multas, y otras penalizaciones sirven para
la distribución desigual de derechos y poder, de la misma manera que lo hace el
dinero.
Esto explica
porque la industria de la justicia hace tan poco para frenar la actividad
antisocial: su propósito no es asistir o rehabilitar a las personas que caen en
su red sino perpetuar cierto orden social. En ese sentido, cada vez que una
persona comete un crimen, la sociedad que lo ha producido es también culpable
de ello, pero erradicar el crimen no es una prioridad excepto cuando amenaza
las relaciones de poder capitalista.
Somos testigos, por ejemplo, de todos los crímenes
que las empresas y gobiernos perpetran incluso contra sus propias medidas. Solo se necesita contar como son tratados
todos los desfavorecidos o someter a escrutinio el comportamiento de las
fuerzas de seguridad, para ver el poco peso se la ley que recae sobre aquellos que
las enmarcan y las hacen cumplir. La ley
ofrece otra manera de proteger los intereses de aquellos que controlan el
capital, pero se la saltan rápidamente cuando se requieren otros métodos más
efectivos o convenientes. Si se nos dice
que la ley existe para servirnos a todas por igual es simplemente para tratar
de persuadirnos de su legitimidad.
Aunque muchos aceptan de boquilla esta
legitimidad, muy pocos la aceptan incondicionalmente. Consideremos cuanta gente
se descarga software o música sin pagar por ello, aunque la propaganda
empresarial lo describa como un robo.
Incluso los más estrictos defensores de la ley y el orden se saltan la
normativa de tráfico. Decir que queremos que las leyes se apliquen por igual a
todo el mundo, en la práctica todas nos vemos como excepciones a la regla. Esto
se ajusta al espíritu de las leyes diseñadas para ser aplicadas sobre los
demás.
Aquellos que
defienden la legitimidad de las leyes aseguran que tiene que haber una manera
para evitar el comportamiento que es peligroso o moralmente incorrecto. Pero
las leyes en sí mismas no detienen a nadie para hacer algo, y una ciudadana que
se tome la justicia por su mano fuera del sistema legal seguramente será
castigada en consecuencia. El rol real del sistema de justicia es monopolizar
el legítimo uso de la fuerza. Cuando un
agente de policía se indigna ante la “violencia” de los manifestantes que dañan
su equipamiento militar, no es a su violencia a lo que se opone sino a
su autodeterminación. El sistema legal está diseñado para desalentar la autodeterminación,
para acostumbrar a la gente a la idea de que no es su responsabilidad decidir
por sí mismos como actuar.
Viviendo
bajo este sistema, olvidamos lo que significa ser responsables de nosotras mismas.
Olvidamos como resolver nuestros conflictos de acuerdo con las necesidades de
los implicados, sin recurrir a las bandas armadas de “imparciales” extraños.
Olvidamos incluso que una cosa así es posible. Lo peor de todo, olvidamos como
defendernos por nosotras mismas cuando tratan de someternos, como actuar cuando
nuestros corazones nos incitan a no preocuparnos por las reglas.
¿Cuál fue su crimen?
No deshacerse del capitalismo.
Le condeno a cuarenta horas de duro trabajo cada semana
para el resto de su vida adulta, a dar informes cada día a sus autosatisfechos
superiores, a estar sujeto constantemente a monitorización y vigilancia, a
nunca tener que elegir como usar todo su potencial. ! Siguiente ¡
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